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El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa palmicultora hondureña involucrada en docenas de asesinatos

21 - Marzo - 2013. DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. Proyecto Gran Simio solicita al gobierno de España que interceda de forma inmediata ante estos crímenes que están sido tapados e ignorados por la Comunidad Internacional. No puede existir cooperación ni ayuda a gobiernos que violan los derechos humanos. Hay que exigir en la Unión Europea, que el Banco Mundial no financie actividades de empresas que violan los derechos humanos dentro de un claro crimen de lesa humanidad, ya que de hacerlo, se convierten en cómplices de asesinato.


19 de Marzo de 2013 – Organizaciones no gubernamentales internacionales condenan una declaración de la Corporación Financiera Internacional (CFI)  del Banco Mundial que defiende las actividades de la compañía palmicultora hondureña Grupo Dinant, involucrada en docenas de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. La declaración de CFI admite explícitamente dar apoyo financiero para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la palmicultora. El Ombudsman del Banco Mundial investiga actualmente un préstamo de 30 millones de US$ al Grupo Dinant aprobado en 2009, del que al menos la mitad ya ha sido desembolsado. Este mes, una Carta Abierta de 17 ONGs  y una protesta internacional a la que se adhirieron 63.000 personas  expresan rechazo por dicho crédito y piden al Banco Mundial que cese inmediatamente su apoyo al Grupo Dinant.

 

Desde 2009, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado docenas de casos de asesinatos de campesinos y personas que acompañan su defensa frente a los conflictos por la tierra en los que está involucrado el Grupo Dinant, los guardias de seguridad de esta empresa, así como la policía y el ejército hondureños. Las evidencias se reflejan en un informe elaborado por una Misión Internacional de Verificación realizada por organizaciones de derechos humanos en marzo de 2011 , una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre los derechos humanos en mayo 2012 y un informe sobre las violaciones de derechos humanos atribuidas a efectivos militares, elaborado por Rights Action y publicado este mismo mes . Este último informe confirma que al menos 88 miembros y acompañantes del movimiento campesino del Bajo Aguán han sido asesinados de forma selectiva en la región durante los últimos tres años. Documenta además la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad armadas del Grupo Dinant por la violencia hacia los movimientos campesinos. Muy al contrario de lo que afirma el Banco Mundial acerca del fin de la violencia en 2012, dos campesinos fueron torturados y asesinados en febrero 2013.

 

Annie Bird de Rights Action afirma: “Es una acusación muy seria acerca del rol del Banco Mundial en el conflicto por la tierra en Honduras, una vez que la Corporación Financiera Internacional admite tener una conexión directa con el entrenamiento de los 'guardias de seguridad' paramilitares del Grupo Dinant. No está claro si esta conexión es una respuesta a las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos, pero de todas formas, reciclar paramilitares involucrados en asesinatos no es en ningún caso una respuesta aceptable. El Banco Mundial debe interrumpir tal relación y dejar de financiar al Grupo Dinant inmediatamente.”

 

Almuth Ernsting miembro de la Global Forest Coalition y del Observatorio de los Biocombustibles Biofuelwatch añade que: “La afirmación del Banco Mundial de que los asesinatos están siendo investigados en los juzgados hondureños con la total cooperación del Grupo Dinant contradice las verificaciones hechas durante las visitas de los grupos de derechos humanos que constatan una impunidad total alrededor de estos asesinatos. Tal estado de impunidad ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Mercenarios. El Banco Mundial no sólo debe cancelar el préstamo a Dinant, sino abrir una investigación completa sobre su rol en las violaciones de los derechos humanos en Honduras.”

 

En 2011, el banco alemán de desarrollo, DEG, canceló un préstamo al Grupo Dinant, basándose en las patentes relaciones de la empresa con las graves violaciones de derechos humanos. Y todavía hoy el Banco Mundial continúa respaldando a la compañía y desechando las evidencias independientes, como lo muestra su reciente declaración.

 

Jeff Conant de Friends of the Earth/Amigos de la Tierra USA añade que “la declaración del Banco Mundial acerca del Bajo Aguán revela la extensión de su complicidad con una compañía palmicultora involucrada en algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos que suceden en la actualidad en Centroamérica. Años después de una auditoría condenatoria de su financiación de proyectos de palma aceitera y una supuesta revisión de sus políticas, el Banco Mundial está legitimando el uso de fuerzas armadas paramilitares en conflictos por la tierra y en contra de campesinos que reclaman su propia tierra, desestimando una gran cantidad de evidencias recogidas de manera independiente por misiones internacionales de verificación.”

 

Las ONGs demandan que el Banco Mundial suspenda el crédito al Grupo Dinant y que se realice una investigación inmediata, completa e independiente sobre la relación del Banco Mundial con el Grupo Dinant, que debe ir más allá de la actual investigación del Ombudsman.

 

Proyecto Gran Simio solicita al gobierno de España que interceda de forma inmediata ante estos crímenes que están sido tapados e ignorados por la Comunidad Internacional. No puede existir cooperación ni ayuda a gobiernos que violan los derechos  humanos. Hay que  exigir en la Unión Europea, que el Banco Mundial no financie actividades de empresas que violan los derechos humanos dentro de un claro crimen de lesa humanidad, ya que de hacerlo, se convierten en cómplices de asesinato.

 

Las organizaciones firmantes creemos que hay pruebas suficientes a disposición de la CAO que indican que la CFI, al calificar y evaluar los impactos sociales del proyecto en cuestión, debe tomar en consideración las alegaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo las fuerzas de seguridad de su socio, la represión y violencia generalizada contra las comunidades campesinas en el contexto del conflicto agrario, especialmente el empeoramiento severo de la situación después del golpe de estado en junio de 2009. Además, antes de establecer el proyecto con Corporación Dinant, la CFI debió haber considerado el conflicto agrario de larga data entre las comunidades campesinas y el socio de la CFI en la región del Bajo Aguán, que ya era de conocimiento nacional cuando la CFI aprobó su proyecto de inversión.


Urgimos fuertemente a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial que detenga de inmediato la cooperación financiera con Corporación Dinant, y se abstenga de retomarla hasta que a) se realicen avances significativos para superar la impunidad de crímenes y de abusos de derechos humanos cometidos contra campesinos/as organizados/as en el Bajo Aguán y personas que los apoyaban; y b) se implemente una solución comprehensiva, justa, pacífica y sostenible al conflicto de tierra entre la Corporación Dinant, el gobierno de Honduras, y los movimientos campesinos locales.

 

El conflicto agrario en el Bajo Aguán es el conflicto más grave en América Central en los últimos 15 años, debido a la violencia contra campesinas y campesinos, que se agravó aún más después del golpe de estado. De acuerdo con nuestra documentación, por lo menos 57 personas afiliadas o afines a organizaciones campesinas fueron asesinadas desde septiembre de 2009 presuntamente en el marco del conflicto agrario, más un periodista y su pareja. Además, un campesino fue desaparecido el 15 de mayo de 2011. De acuerdo con la información obtenida de la Oficina de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras, las investigaciones de estos asesinatos no han sido efectivas, por lo que han quedado en total impunidad hasta la fecha.

Las evidencias disponibles y los testimonios indican que las fuerzas de seguridad de la Corporación Dinant juegan un rol central en la violencia contra las comunidades campesinas de la región. El informe de la misión de verificación internacional de 2011, la audiencia pública internacional de 2012, y una serie de pronunciamientos emitidos por organizaciones internacionales, que son de conocimiento de la CAO, documentan de manera detallada las alegaciones respectivas, incluyendo el involucramiento de guardias de seguridad privada contratados por la Corporación Dinant en el asesinato de cinco campesinos el 15 de noviembre de 2010, en la finca El Tumbador.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios declaró después de concluir su visita reciente a Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013: “la delegación recibió información consistente sobre que muchos guardias de servicios de seguridad privados portan armas prohibidas y las utilizarían para cometer violaciones de derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación sobre dicho involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.”


De acuerdo con el resumen del proyecto 27250 de la CFI, se esperaba que iba a tener “un número limitado de impactos ambientales y sociales que se pueden prevenir o mitigar”. En relación al tema de la tierra involucrada en el proyecto, el CFI indica que “el desarrollo de las plantaciones aceiteras esta ocurriendo en tierras agrícolas existentes saneadas, y no habrá destrucción o impacto en hábitat sensible. La adquisición de la tierra es basada en la compraventa voluntaria (willing buyer willing seller basis), sin desplazamiento involuntario de persona alguna."


Esta descripción es incorrecta e inconsistente con los hechos documentados. El valle del Bajo Aguán, es muy conocido por ser una de las regiones más conflictivas del país, en lo que se refiere a tenencia y derechos a la tierra. Casos de desplazamiento involuntario han sido documentados en varios informes y pronunciamientos. En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias firmes judiciales establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirman que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal; también confirmó que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994. 


El abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quién había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos , la Alta Comisiona de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán. José Trejo Cabrera, hermano de Antonio Trejo quién públicamente exigió la investigación exhaustiva y la condena de los autores materiales e intelectuales de la muerte de su hermano, fue asesinado de varios tiros en Tocoa, el 16 de febrero de 2013. Estos crímenes son conocidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional quien ha abierto un examen preliminar sobre Honduras.

Considerando las obligaciones del Banco Mundial y de sus Estados miembros, queremos subrayar que los 188 Estados miembros del Banco Mundial tienen obligaciones de derechos humanos que respetar, proteger y hacer cumplir. Estas obligaciones se aplican en todas circunstancias, y no permiten la no-aplicación en el marco de la cooperación internacional; al contrario, los Estados deben observar sus obligaciones de derechos humanos en todas sus acciones y en todo momento. Los Estados, cuando actúan como miembros del Banco Mundial, deben hacerlo con la debida diligencia necesaria para garantizar que el Banco Mundial respete, proteja y cumpla con los derechos humanos en donde actúe o sus proyectos impacten. Más aún, las propias Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la CFI, que sus clientes deben cumplir afirman que “las actividades comerciales deben respetar los derechos humanos, lo que significa evitar infringir los derechos humanos de los demás y atender a los impactos adversos sobre los derechos humanos que dichas actividades puedan causar o a los que puedan contribuir.” 

 

Además de todo ello, más de una treintena de abogados que defendían a diferentes causas a favor de las comunidades locales e indígenas, han sido igualmente asesinados sin que se hayan detenido a sus autores.

 

La Comunidad Internacional debe interferir de forma inmediata, bloqueando toda ayuda a las empresas privadas y estatales que operan en Honduras, mientras que  no se depuren las responsabilidades criminales, sean detenidos sus autores, se establezca de forma inmediata una protección policial que proteja a las comunidades afectadas y los grupos paramilitares sean desarmados, disueltos y en cada caso, juzgados por los crímenes que hayan cometido.

 

Proyecto Gran Simio pide a las Autoridades españolas e internacionales, que tomen cartas de inmediato en este grave problema que viola los derechos humanos y cuya financiación proviene del Banco Mundial.

 

Comunicado de Prensa conjunto de Amigos de la Tierra Intarnacional, Global Forest Coalition, Urgewald, Rights Action, Salva la Selva, Global Justice Ecology Project, Biofuelwatch y Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España).

 

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